POLÍTICA 15 enero, 2020
imagen y artìculo de primeral
El asedio contra el ex ministro Juan Ramón Quintana es permanente. No basta tenerlo supervigilado, junto a otras autoridades del MAS dentro la embajada de México, sino también fuera de allí, toda persona que presente algún tipo de vínculo con la exautoridad, es inmediatamente detenida. Así ocurrió con Florencia Tonconi, apoderada legal del exministro, detenida este miércoles, sin ningún procedimiento jurídico.
Esta detención ilegal y arbitraria, por parte de agentes policiales, se produjo cuando Tonconi realizaba la gestión rutinaria de cobrar el salario de su apoderado. La policía debe resguardar la seguridad de la ciudadanía, es su mandato constitucional. Y el salario es un derecho laboral irrenunciable, protegido por la Constitución Política del Estado boliviano y de todos los estados donde rige la Declaración Universal de Los Derechos Humanos.
Ningún ciudadano pierde sus derechos hasta que cuente con sentencia ejecutoriada (y ni así), en caso de que proceda un juicio en su contra. Y mucho menos, deberá correr el riesgo de perder su libertad, alguien que lo represente legalmente.
La ferocidad con la que procede el régimen de Áñez, está poniendo al país en el ranking de los que más vulneran los derechos constitucionales. Hace unos días, también se detuvo a la niñera que cuidaba la casa del ex ministro. En otro episodio, también detuvieron a María Palacios, acusada de ser colaboradora de Juan Ramon Quintana, siendo que se constató que nunca trabajó con él.
La gravedad de estos casos amerita la urgente intervención de los organismos de derechos humanos internacionales. No es permisible el avance del avasallamiento de derechos que tanto costó conquistar a las y los bolivianos.
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