“Las organizaciones como ASBORA, ANP y la SIP, de ninguna manera pueden ser portavoces de la población en la defensa de la libertad de expresión, ellos son empresarios de la comunicación que defienden sus propios intereses usando de corbata la libertad de expresión”
Por: Dolores Arce
Presentación
En esta ocasión, tengo el enorme placer de presentar a Humberto Claros Zeballos, comunicador quechua del Trópico de Cochabamba, muy ligado a la CSUTCB y las organizaciones sociales. Nos une una apuesta común por la democratización de la comunicación y el fortalecimiento de iniciativas comunicacionales en manos de los pueblos y organizaciones sociales.
Nuestros puntos de encuentro suelen ser eventos ligados a la Comunicación o escenarios de debate de sectores sociales, de ahí nació la iniciativa de incorporar su punto de vista a Visión “Z”.
Como comunicadores populares ligados a radios comunitarias, radios de pueblos originarios RPO’s, entidades y organizaciones de una comunicación comprometida con sus pueblos como CAIB, CEPRA, CEFREC, APRAC para mencionar algunas, condenamos el intento de vulnerar el derecho al acceso democrático a frecuencias, establecido en la Ley de Telecomunicaciones 164 promulgada el 8 de agosto del 2011 y por lógica, las frecuencias adjudicadas en la anterior ley de 1996, corresponde que a su conclusión se ajusten al nuevo marco legal. Pretender una renovación “automática” por otros 15 años postergaría una vez más el derecho de las mayorías.
Respecto al malintencionado anuncio de un posible despido de 2500 periodistas que trabajan en 500 emisoras afiliadas a ASBORA, la primera pregunta que surge es si sus contrataciones están en el marco de la Ley General del Trabajo, gozando de todos los derechos. La segunda, quien dice que las nuevas emisoras que puedan adjudicarse frecuencias, no necesitarán contratar igualmente a comunicadores?
No sorprende la postura de ASBORA, ANP y SIP, son un reflejo de sus intereses empresariales y políticos.
Aprovechamos para dar a conocer igualmente nuestra adhesión al pronunciamiento del FCINA (Foro de Comunicación e Integración América Latina y el Caribe), repudiando los intentos de desestabilización contra gobiernos y procesos democráticos de nuestra región.
Intereses capitalistas contra el Derecho a la Comunicación de los Pueblos Indígenas.
Por: Humberto Claros Zeballos*
El pasado 18 de Marzo ASBORA ha lanzado una serie de cuestionamientos y observaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, en la que mencionan su preocupación ante la posibilidad de no poder renovar sus contratos de asignación de frecuencias para radiodifusión y han planteado incluso un Decreto que el gobierno debiera emitir. Luego desde la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), también emitieron una resolución en la que se solicita al Estado boliviano la derogación de la norma por afectar la renovación de las licencias de radio para este sector. Lo que preocupa y no es de extrañar, es que este grupo corporativo de empresarios privados, se arrogue la representación del pueblo en la que supuestamente defienden la libertad de expresión.
Es bueno diferenciar entre los que son organizaciones que representan a los empresarios privados de la comunicación y los gremios de prensa, periodismo y dentro de ella también las organizaciones de comunicadores de medios comunitarios, indígenas originarios campesinos y alternativos.
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), es una organización que agrupa a propietarios de medios de comunicación radiales privados, entre las cuales podemos mencionar por ejemplo a Panamericana que tiene una gran cadena de medios radiales. En Bolivia existe también la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que también es un grupo que aglutina a medios de comunicación privados impresos y televisivos, y varios de ellos forman parte al mismo tiempo de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP)
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) es una organización que agrupa grandes empresas privadas corporativas de comunicación, como el Clarín de Argentina; O Globo, Veja de Brasil; La Tercera y el Mercurio de Chile; ABC de Paraguay; el Comercio del Perú; El Nuevo Herald, Univisión de Estados Unidos; Globovisión, Radio Caracas Televisión RCTV, Venevisión de Venezuela, por decir solo algunos que son los más hegemónicos a nivel continental. Por Bolivia están el Deber, Los Tiempos, el Diario, Opinión, Unitel, entre otros, que en Bolivia están aglutinados en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que también agrupa medios de comunicación privados. Como podemos apreciar la SIP agrupa a los medios de comunicación más hegemónicos del continente, que establecen agendas mediáticas continentales, que tienen grandes capitales económicos y por tanto intereses políticos.
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) surge en Cuba en 1943 con el auspicio del dictador Fulgencio Batista como organización garante de la libertad de prensa, se trata pues de una organización de empresarios, dueños de periódicos, revistas, televisoras y emisoras de radio. La SIP se refunda en 1950 en Estados Unidos, en la que se anula el ingreso de cualquier medio de carácter progresista, un golpe que se produce en complicidad con la CIA en la que se define el propósito de este ente corporativo transnacional, que es el de utilizar la prensa como instrumento de dominación neocolonial junto a las oligarquías latinoamericanas aliadas. De ahí que se explica la actitud complaciente mantenida durante las más brutales tiranías latinoamericanas.
El papel de la SIP en gobiernos neoliberales fue de acompañamiento, en la medida de que respondan a intereses de los Estados Unidos y por ende del Capitalismo y neoliberalismo. Bolivia en este sentido no fue la excepción. Pero cuando estos gobiernos entreguistas iban perdiendo legitimidad y credibilidad, su papel fue el de maquillar su imagen ocultando la verdad y satanizando a las organizaciones sociales de terroristas, subversivos y hasta de narcotraficantes. Cuando por voluntad del Pueblo llegaron los gobiernos progresistas al poder como en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y también Brasil, su papel pasa a la labor de la confabulación, deslegitimar gobiernos, acusar de coartar la libertad de expresión, calificativos de totalitarios, acompañar los intentos de golpe de estado como pasó en Venezuela y se frustró en Bolivia el año 2008 en el llamado “golpe cívico prefectural”. Este es pues el grupo transnacional oligárquico de la comunicación que le reclama a Bolivia que se quiere acallar la libertad de expresión.
La democratización de la Comunicación, una aspiración histórica lograda en Bolivia. Durante mucho tiempo los pueblos indígenas originarios campesinos y los sectores sociales en general, no tenían derecho a construir sus propios medios de comunicación, mientras las empresas privadas ostentaban el 90% de las frecuencias radioeléctricas, como todavía sigue hasta hoy. Ninguna norma contemplaba esta aspiración histórica, de hecho hay casos emblemáticos en la lucha por el reconocimiento de su radio comunitaria. De manera histórica en 2004 en el gobierno de Carlos Mesa se firma un Decreto Supremo para la Radiodifusión Comunitaria; en 2005 en el gobierno de Eduardo Rodríguez sale otro Decreto también sobre la Radiodifusión Comunitaria; el 2007 el gobierno de Evo Morales lanza otro Decreto que de igual manera contempla la Radiodifusión Comunitaria. Sin duda son normativas iniciales en la democratización de la comunicación, pero que tenían ciertas limitantes como el hecho de que las radios comunitarias estaban contempladas solamente en las áreas rurales y la prohibición de transmitir mensajes proselitistas o partidistas.
El cambio trascendental se da en la Asamblea Constituyente, reflejada hoy en la Constitución Política del Estado, donde se habla de la comunicación como derecho Humano y no como objeto de lucro, además de la prohibición de los monopolios y los oligopolios que se ven en la SIP, a ello hay que sumar el reconocimiento explícito sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Todo esto dentro un nuevo paradigma de Estado basada en la pluralidad, que es sintetizada en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La Ley 164 de Telecomunicaciones, tecnologías de Información y Comunicación aprobada en 2011, es histórica porque logra reparar una injusticia en el acceso y creación de sus propios medios de comunicación a los pueblos indígenas originarios campesinos y los diferentes sectores sociales, ahí pues se da la redistribución de frecuencias radioeléctricas, asignándole a los pueblos indígenas un 17%, el otro 17% para el sector social comunitario, un 33% para los medios privados y el restante 33 % para el Estado. Y claramente con esta normativa quienes tienen que reducir su hegemonía abusiva en desmedro del pueblo, es el sector privado de la comunicación ya que aún hasta hoy ostenta como el 90 % de las frecuencias radioeléctricas.
Ante la preocupación de ASBORA, en el sentido del cierre de 500 radios privadas y que significarían el despido de 2.500 trabajadores, ellos plantean un Decreto Supremo que permita la renovación automática de las licencias de frecuencias y de esta forma no afectar esas 500 radios. En el fondo, nos plantea una forma de chantaje para que tanto los pueblos indígenas originarios campesinos y demás sectores sociales no ejerzan sus frecuencias asignadas, es decir, ellos quieren que nuestros pueblos sigan postergadas en el acceso y ejercicio comunicacional, mientras ellos sigan ostentando las frecuencias otros 15 años más.
Se toma muchos enunciados sobre Derechos que la Constitución aborda, pero se las interpreta de manera interesada por este grupo. La Organización de las Naciones Unidas ha aprobado la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la que claramente reconoce el derecho a la comunicación de los Pueblos Indígenas y la constitución Boliviana así también lo ha hecho, también la Constitución Política nos dice que el Estado apoyará la creación de medios de comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades; por otro lado la ONU ha reconocido que los servicios básicos, entre ellos la comunicación, son Derechos Humanos. En este entendido la comunicación no se puede medir meramente por fuentes laborales, sino ante todo como Derecho Humano. Habría que preguntarse también cuántas de esas 500 radios que se dice que se podrían cerrar, pertenecen a cuántos dueños, entendiendo que cadenas como Panamericana tiene en su poder a muchas radios en todo el país, y según nuestra constitución política del estado, el monopolio y el oligopolio están prohibidas y la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión, considera que esta forma de concentración de medios podrían conspirar contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad. Entonces, de cuantos propietarios se está hablando?, esos propietarios a que cantidad de la población boliviana representan?.
Se mira de manera discriminatoria de que las radios comunitarias e indígenas originarias campesinas, en el sentido de que sus radios solamente deberían estar en las áreas rurales, dándonos a entender que solo los privados tienen derecho a seguir monopolizando este espacio, asignando a los pueblos indígenas una suerte de sectores de menos interés. Resulta pues curioso que se hable de discriminación, cuando fue ASBORA y la ANP, quienes se opusieron a unos artículos elementales en la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Por otro lado ASBORA no habla de que ahora varias organizaciones sociales, desde los pueblos indígenas originarios campesinos, colectivos sociales y culturales urbanos, artistas, barrios, en fin diferentes sectores sociales, gracias a la ley 164 hoy ya cuentan con su medio de comunicación. Sectores quizá que nunca pudieron acceder a una radio privada comercial o si podían tenían que pagar o regatear un espacio en algún horario marginal o de menos rating. A esos sectores es que se les está diciendo que no pueden tener su medio de comunicación.
La SIP arremete a los gobiernos progresistas
En relación al último acto de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), desarrollado en Punta Cana en República Dominicana del 8 al 11 de Abril, los informes y documentos conclusivos son abierta y descaradamente pro-gobiernos neoliberales y pro-imperialistas, pues como ya lo mencionamos, sus propósitos tienen que ver precisamente con la dominación hegemónica, colonial neoliberal capitalista, usando como pretexto la libertad de expresión.Tal como sus conclusiones lo muestran en su defensa y apoyo abierto a gobiernos neoliberales como Mauricio Macri, que ha lanzado medidas antipopulares y está coartando las conquistas sociales en materia de comunicación.
Sobre lo que plantea ASBORA, la SIP emitió una resolución exclusivamente para decirle al gobierno boliviano que derogue o modifique la ley 164, que en los hechos es limitar o eliminar el acceso a las frecuencias radioeléctricas al sector social indígena originario campesino. La SIP no tiene moral para hablar del Derecho a la Comunicación o libertad de expresión, porque primero el monopolio y oligopolio ejercido por sus grandes corporaciones mediáticas, son atentatorias a la democracia y al pluralismo en la comunicación; luego el documento menciona que el Parlamento boliviano debiera aprobar una ley de transparencia y acceso a la información. Este es un instrumento necesario en la construcción de la democracia, sin embargo la SIP primero debiera preocuparse en transparentar todos sus actos y acciones de encubrimiento, confabulación, mentiras, y no esconderse detrás de los medios de comunicación calificándose de medios independientes considerando que ellos defienden intereses capitalistas.
En definitiva, las organizaciones como ASBORA, ANP y la SIP, de ninguna manera pueden ser portavoces de la población en la defensa de la libertad de expresión, sino que son empresarios de la comunicación que defienden sus propios intereses usando de corbata la libertad de expresión.
A manera de conclusión podemos decir que la Comunicación es un Derecho Humano e instrumento de Desarrollo, y no un objeto de lucro; no existe una sola forma de comunicación, sino también otras basadas en la complementariedad, la solidaridad, que expresan su visión de la vida, que recrean su realidad a partir de una mirada propia y constructiva.
La distribución de frecuencias en la Ley 164 de Telecomunicaciones, tecnologías de la información y Comunicación es un paso elemental en la democratización de la comunicación, sin embargo hace falta todavía una Ley mayor para profundizar la discusión de la Comunicación, que permita ver no solo medios y soportes, sino también los usos y su papel estratégico para el Desarrollo y la defensa y promoción de los Derechos Humanos, además de mecanismos de sostenimiento del medio de comunicación.
*Comunicador Quechua del Trópico de Cochabamba-Bolivia
PRONUNCIAMIENTO:
Rechazo al golpe de estado parlamentario en Brasil.
La Comisión Legislativa Especial del Congreso de la República de Brasil aprobó la propuesta de enviar el juicio político contra Dilma Rousseff al pleno de la Cámara de Diputados bajo la acusación central que la presidenta brasileña violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Consideramos que el denominado “juicio político” responde a un plan desde El Congreso, los sectores de la derecha de Brasil, incluido los medios de comunicación al servicio de estos sectores, para difamar, o incluso derrocar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, valiéndose de las acusaciones mencionadas.
Esta maniobra política ha sido percibida por el pueblo brasileño como un claro intento desestabilizador del orden democrático, similar al ocurrido en Paraguay cuando se destituyó del cargo al presidente democráticamente elegido, Fernando Lugo. Dicha maniobra ha activado diversas movilizaciones en defensa de la democracia, no solo en apoyo a la actual mandataria, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de que se le realice un juicio político por supuestos casos de corrupción.
Declaramos nuestra solidaridad y respaldo al pueblo brasileño que ha salido a las calles a marchar en reiteradas ocasiones en rechazo a este intento de derrocamiento de la presidenta Sra. Dilma Rousseff y que también ha sido cuestionado por varias naciones del mundo e instancias internacionales, como la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Condenamos este golpe parlamentario e intento desestabilizador que va contra el protagonismo del pueblo brasileño obtenido en los últimos años.
En esta hora difícil en nuestro Continente somos partidarios de profundizar la integración, la unión, el diálogo social y la solidaridad de los pueblos para asegurar que nuestra región sea un territorio de paz, de convivencia política y de justicia social con plena vigencia de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
Finalmente, reafirmamos nuestra confianza en el pueblo, en sus movimientos sociales y políticos, en los medios alternativos, que no permitirán un retroceso en la democracia protagónica del Brasil.
Quito, abril de 2016.
Firman:
Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica
Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas - ALER
Agencia Latinoamericana de Información - ALAI
Comunicadoras de la Marcha Mundial de Mujeres.
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - CLOC.
Pressenza-IPA
Radialistas Apasionadas Y Apasionados
Question
FILA
CEPRA, Bolivia
FARCO, Argentina
Radio Sur, Argentina
Radio Encuentro, Argentina
Radio La Ranchada, Argentina
La Voz Indígena de Tartagal, Argentina
Agencia Colombia Informa
Periódico Visión Z-Bolivia
Comunicarte, Colombia
Asociación Voces Nuestras - Centro de Comunicación Educativa, Costa Rica
Radio Sucumbíos, Ecuador
FGER, Guatemala
Radio Victoria En El Salvador, departamento de Cabañas
Radio Bálsamo, El Salvador
Radio Teocelo, México
Escuelas radiofónicas de Nicaragua
CNR, Perú
Radio Cutivalú, Perú
Radio Yaraví, Perú
Radio Fe y Alegría, Venezuela
Adalid Contreras, Bolivia/Ecuador
Atilio Hartman, Brasil
Adhesiones:
http://integracion-lac.info/es/node/36620
 |
| http://www.ojosparalapaz.com/periodico-vision-z-bolivia-abril-2016/ |
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